En México continúa la represió
n contra las radios comunitarias. El ejemplo claro lo tenemos en el caso de Radio Tierra y Libertad, en el Estado de Nuevo León. Una emisora de un vatio de potencia, con alcance de unos cuatro kilómetros entre asentamientos de clases populares al oeste de la ciudad de Monterrey. Esta radio fue cerrada el pasado mes de junio por 150 policías federales, sin previo aviso y decomisando los equipos.
Desde entonces se ha abierto un proceso judicial importante contra esta radio comunitaria. La Procuraduría General de la República acusa a la radio comunitaria de operar sin concesión legal. En la operación policial detuvieron a una persona encargada de transmitir la señal, la cual fue presentada ante el Ministerio Público federal. En el local de la radio se incautaron dos equipos informáticos, un transmisor, una mesa de mezclas, tres micrófonos y una antena.
Las autoridades señalan que la radio comunitaria Tierra y Libertad no cumplió con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales que establece sanciones que van de dos a doce años de prisión, y multas de 300 a mil veces el salario mínimo a quien use, aproveche o explote un bien de la nación, sin haber obtenido la concesión o permiso, o celebrado algún contrato con la autoridad competente.
Las radios comunitarias mexicanas, por su parte, reclaman la regularización de su actividad. Señalan que la actividad de estas emisoras responde a proyectos sociales, de utilidad pública, sin ánimo de lucro y de participación democrática de la ciudadanía en medios de comunicación propios. Afirman al Gobierno mexicano que por más que se empeñe en reprimir este movimiento de comunicación social las emisoras seguirán existiendo y reclamando su derecho a participar en el espacio radioeléctrico.
Desde México, el periodista Javier Solórzano entrevista a Héctor Camero Haro, responsable de la emisora Tierra y Libertad, quien cuenta el cierre que han sufrido, el proceso judicial abierto y cuenta, además, el proyecto de la radio comunitaria.
n contra las radios comunitarias. El ejemplo claro lo tenemos en el caso de Radio Tierra y Libertad, en el Estado de Nuevo León. Una emisora de un vatio de potencia, con alcance de unos cuatro kilómetros entre asentamientos de clases populares al oeste de la ciudad de Monterrey. Esta radio fue cerrada el pasado mes de junio por 150 policías federales, sin previo aviso y decomisando los equipos.Desde entonces se ha abierto un proceso judicial importante contra esta radio comunitaria. La Procuraduría General de la República acusa a la radio comunitaria de operar sin concesión legal. En la operación policial detuvieron a una persona encargada de transmitir la señal, la cual fue presentada ante el Ministerio Público federal. En el local de la radio se incautaron dos equipos informáticos, un transmisor, una mesa de mezclas, tres micrófonos y una antena.
Las autoridades señalan que la radio comunitaria Tierra y Libertad no cumplió con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales que establece sanciones que van de dos a doce años de prisión, y multas de 300 a mil veces el salario mínimo a quien use, aproveche o explote un bien de la nación, sin haber obtenido la concesión o permiso, o celebrado algún contrato con la autoridad competente.
Las radios comunitarias mexicanas, por su parte, reclaman la regularización de su actividad. Señalan que la actividad de estas emisoras responde a proyectos sociales, de utilidad pública, sin ánimo de lucro y de participación democrática de la ciudadanía en medios de comunicación propios. Afirman al Gobierno mexicano que por más que se empeñe en reprimir este movimiento de comunicación social las emisoras seguirán existiendo y reclamando su derecho a participar en el espacio radioeléctrico.
Desde México, el periodista Javier Solórzano entrevista a Héctor Camero Haro, responsable de la emisora Tierra y Libertad, quien cuenta el cierre que han sufrido, el proceso judicial abierto y cuenta, además, el proyecto de la radio comunitaria.
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